Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio calificado en agravio de Carlos Dámaso López, quien falleció en mayo de 2022 tras ser detenido en un establecimiento de Playas de Tijuana. El caso judicial se desarrolla en paralelo a una exigencia ciudadana en la colonia Santa Fe de la misma ciudad, donde vecinos recolectan firmas para demandar la construcción de un hospital, luego de que una menor perdiera la vida por falta de atención médica.
Los expolicías identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’ enfrentarán proceso penal por los hechos ocurridos el 27 de abril de 2022. Según la información disponible, los ahora imputados detuvieron a la víctima en un local con servicio de internet y máquinas tragamonedas ubicado sobre el bulevar Pacífico y calle del Granizo. Carlos Dámaso López falleció semanas después, el 18 de mayo de 2022, como consecuencia de las lesiones sufridas durante la detención.
Este caso se suma a otro proceso judicial contra elementos de la policía municipal de Tijuana. En un hecho separado, un expolicía identificado como Billy ‘N’ fue sentenciado a 25 años y tres meses de prisión por el homicidio calificado de una mujer de 68 años, ocurrido también en 2022. La sentencia incluyó la figura de violación impropia agravada con objeto.
Mientras avanzan los procesos penales, en la colonia Santa Fe de Tijuana, habitantes organizaron una recolección de firmas para exigir a las autoridades la construcción de un hospital en la zona. Guadalupe, una vecina de la comunidad, explicó que la movilización surgió tras el fallecimiento de una menor por la falta de servicios de salud cercanos. “Llevamos años pidiendo un hospital y no nos hacen caso”, declaró.
Otra residente, Silvia González, respaldó la exigencia y señaló la urgencia de contar con infraestructura médica. “Necesitamos un hospital ya, porque cuando hay una emergencia tenemos que viajar hasta el centro de la ciudad y se nos va el tiempo valioso”, afirmó. La diputada federal Evangelina Moreno se sumó al llamado, aunque hasta el momento no se ha anunciado una respuesta concreta de las autoridades estatales o municipales ante la demanda ciudadana.
Los casos de violencia policial y la demanda por servicios de salud en Tijuana ocurren en un contexto donde, de manera paralela, se ha dado a conocer información sobre gastos legislativos. Según datos contextuales, las comisiones de la Cámara de Diputados destinaron 300 mil pesos para gastos de representación, cifra que no guarda relación directa con los hechos ocurridos en la frontera pero que refleja el entorno de asignación de recursos públicos.
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