Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un decálogo de ajustes a la reforma judicial, en un contexto donde un estudio del Centro de Estudias de las Finanzas Públicas reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) destinará en 2026 el 39.3% de su presupuesto al financiamiento de partidos políticos. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía de ese órgano frente a lo que calificó como controversias políticas.
La ministra Esquivel Mossa señaló la necesidad de realizar ajustes específicos a la reforma judicial, aunque no detalló públicamente los puntos concretos de su propuesta. Su intervención se da en medio del debate nacional sobre el funcionamiento y los costos de las instituciones del Estado.
Por otro lado, un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indicó que, del presupuesto total del INE para 2026, casi el 40% se canalizará directamente al financiamiento de los partidos políticos. El estudio también destacó que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del organismo electoral para este año.
En el periodo comprendido entre 2018 y 2026, el INE ha manejado un presupuesto acumulado de 242,378 millones de pesos, según las cifras del estudio, lo que pone en perspectiva la magnitud de los recursos públicos destinados al sistema electoral y de partidos.
Desde el TEPJF, el magistrado presidente Gilberto Bátiz García emitió un mensaje en el que defendió la autonomía e independencia de ese tribunal electoral. Bátiz García aseguró que el TEPJF mantendrá su función de garante de la legalidad electoral, promoviendo mecanismos alternativos de solución de controversias, y se mantendrá al margen de las controversias políticas, sin especificar a qué actores o partidos se refería.
Estas declaraciones y datos surgen en un mismo día, reflejando una agenda de discusión nacional que cruza los temas de la posible reforma al Poder Judicial, la transparencia y el costo de los organismos autónomos electorales, y la defensa de la independencia de los tribunales especializados. El debate pone sobre la mesa la eficiencia del gasto público en instituciones clave y los principios de autonomía frente a la presión política.
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