Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, centrado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego del rechazo de su iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados. La propuesta, presentada durante la conferencia La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, establece un máximo de 15 regidurías municipales, tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal para congresos locales, reducción progresiva de gastos en el Senado hasta 15% y elección de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar los alcances de esta iniciativa que se enmarca en la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación. El paquete busca implementar cambios que no requieren reforma constitucional o que podrían generar mayor consenso entre las fuerzas políticas, tras el revés legislativo sufrido por el gobierno federal.
Entre las medidas más significativas se encuentra la reducción drástica de regidurías municipales, que pasarían de números variables según el tamaño de los municipios a un mínimo de 7 y máximo de 15 representantes. Esto representa un recorte sustancial en la estructura política local que, según la administración federal, generará ahorros importantes aunque no se especificaron montos exactos.
Para los congresos estatales, se establece un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal total, lo que limitaría significativamente los recursos disponibles para las legislaturas locales. El Senado de la República también enfrentaría recortes progresivos que alcanzarían hasta el 15% de su presupuesto actual.
La elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial programada para 2027 genera reacciones inmediatas en la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, ya manifestó su postura crítica frente a este aspecto de la iniciativa, señalando preocupaciones sobre el proceso de selección de impartidores de justicia.
Este Plan B surge como respuesta al rechazo de la reforma constitucional más amplia propuesta por Sheinbaum, que buscaba reducir legisladores plurinominales y financiamiento a partidos políticos. La nueva estrategia se concentra en aspectos donde el gobierno considera puede encontrar mayor aceptación parlamentaria, aunque enfrentará el escrutinio de opositores que ya han manifestado reservas.
El proceso legislativo que sigue incluirá el análisis de la iniciativa en comisiones del Senado, donde se espera un debate intenso sobre el equilibrio entre austeridad presupuestaria y funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas. La inclusión de la revocación de mandato para 2027/2028 añade otro elemento de controversia política que definirá los apoyos y rechazos a la propuesta.
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