Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump profundizó su política migratoria restrictiva con la reanudación de la construcción del muro fronterizo, operativos internos y la muerte de un solicitante de asilo bajo custodia federal, hechos que han generado críticas y tensión política. Un ciudadano afgano, Mohammad Nazeer Paktiawal, falleció en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas tras presentar dificultad respiratoria, mientras las autoridades fronterizas iniciaron la edificación de 110 kilómetros de una nueva barrera metálica entre El Paso y Ciudad Juárez.
La muerte de Paktiawal, cuya causa oficial aún no ha sido divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ocurrió la noche de su detención. El incidente se suma a otros reportados en el contexto de los operativos migratorios, como los fallecimientos de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, durante protestas en Minneapolis, aunque las circunstancias exactas no han sido esclarecidas.
Paralelamente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo el mando del comisionado Gregory M. Bovino, activó un proyecto de aproximadamente 4,500 millones de dólares para reforzar 370 kilómetros de la frontera sur. La nueva fase, que incluye un muro de acero negro de 9 metros de altura, se concentra en un tramo crítico entre Texas y Chihuahua, marcando un regreso a una de las promesas centrales de la campaña de Trump.
En medio de estas acciones, se produjo el retiro del propio comisionado Bovino de su cargo, aunque las razones oficiales de su salida no han sido detalladas, generando especulaciones sobre posibles desacuerdos internos o cambios en la estrategia de seguridad fronteriza. Su partida coincide con un aumento en las críticas por los métodos empleados en los operativos, que han sido calificados como agresivos por grupos defensores de derechos humanos.
El contexto político se ve further complicado por declaraciones de altos mandos militares. Durante una audiencia congresional, generales del Comando Norte y Sur de Estados Unidos, incluyendo al general Gregory M. Guillot y al teniente general Francis L. Guillot, afirmaron que no acatarían una orden presidencial ilegal para desplegar tropas durante procesos electorales, una postura que contrasta con la reserva mostrada por el secretario asistente Joseph M. Humire sobre una posible decisión de Trump al respecto.
Estas políticas migratorias se desarrollan mientras cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, un electorado significativo que observa con preocupación el endurecimiento de las medidas. Las acciones de la administración, que combinan una frontera más militarizada con una aplicación interna más estricta de las leyes de inmigración, configuran un escenario de alta tensión que probablemente definirá debates políticos cruciales en los próximos meses.
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