Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal. La medida del Centro de Justicia Penal Federal responde a la negativa reiterada de la Fiscalía General de la República (FGR) de facilitar el expediente completo a la defensa, vulnerando el derecho al debido proceso. El caso, registrado como causa penal 325/2025, involucra el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025 y presuntas operaciones ilícitas desde la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La magistrada Mariana Vieyra Valdés, titular del juzgado, determinó que la FGR incumplió en múltiples ocasiones con entregar la totalidad de la carpeta de investigación al despacho defensor Epigmenio Mendieta. Previo a la resolución, la fiscalía había desatendido un plazo de cinco días para transparentar el expediente, lo que motivó la intervención judicial para garantizar los derechos del imputado.
Manuel Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, enfrenta cargos por su presunta vinculación con la organización “Los Primos”, dedicada al huachicol fiscal. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también implicado en el caso, permanece prófugo de la justicia. La defensa del exvicealmirante había interpuesto recursos legales alegando violaciones procesales, incluida una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El contexto del caso revela las operaciones de contrabando de combustible que habrían utilizado instalaciones y recursos de la Aduana nacional, según las investigaciones. El decomiso masivo en Tamaulipas puso en evidencia las dimensiones del presunto esquema delictivo, el cual involucraría a funcionarios públicos y militares en activo.
Con la reapertura de la investigación complementaria, la FGR cuenta ahora con un nuevo plazo de tres meses para consolidar la evidencia y garantizar el acceso completo de la defensa al expediente. Este desarrollo judicial representa un revés para la fiscalía en uno de los casos de corrupción y delincuencia organizada más prominentes vinculados al sector energético durante la actual administración.
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