Por Redacción
San Antonio Abad 124, Ciudad De México, 18 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en el número 124 de San Antonio Abad desató un conflicto político entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Cuauhtémoc, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades en la supervisión de la obra que dejó víctimas mortales. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, afirmó que los familiares de las víctimas ya reciben apoyos de la empresa constructora DeMet, mientras señaló “inconsistencias en la documentación” de la alcaldía que demostrarían su responsabilidad.
El incidente ocurrió el 9 de marzo en el contexto de obras de remodelación relacionadas con la Copa del Mundo de fútbol, que también provocaron el cierre temporal de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto en la Línea 2 del Metro. Las autoridades no han especificado el número exacto de víctimas ni heridos, pero confirmaron que se trata de un evento con consecuencias graves.
Muñoz, representante del gobierno capitalino, sostuvo que existen documentos que comprometen a la alcaldía en fallas de supervisión. “Existen inconsistencias en la documentación de la alcaldía Cuauhtémoc que demuestran su responsabilidad”, declaró el funcionario sin proporcionar detalles específicos sobre la naturaleza de estas irregularidades.
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, alega que acuerdos del Gobierno de la CDMX impedían a su administración revisar las demoliciones, creando un vacío de responsabilidades en la supervisión de las obras. Esta contradicción ha generado un enfrentamiento público entre ambas instancias de gobierno.
Mientras las investigaciones fiscales continúan para determinar las causas técnicas específicas del derrumbe, la empresa DeMet ha comenzado a entregar apoyos económicos a los familiares afectados, aunque el tipo y monto de estas compensaciones no han sido dados a conocer públicamente.
El caso expone las tensiones en la gestión urbana de la capital mexicana, donde grandes proyectos de infraestructura chocan con protocolos de seguridad y distribución de competencias entre el gobierno central y las alcaldías, particularmente en el contexto de preparativos para eventos internacionales como el Mundial de fútbol.
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