Por Redacción
Cámara De Diputados, 18 de marzo de 2026.- Sergio Mayer solicitó su reincorporación a la Cámara de Diputados luego de ser eliminado del programa televisivo ‘La Casa de los Famosos’ el pasado 9 de marzo, generando controversia debido a una suspensión temporal de derechos partidarios que pesa sobre el legislador de Morena. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario del partido, señaló que mientras no reciba notificación oficial de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no puede actuar en contra del diputado.
El diputado suplente Luis Morales había estado actuando en representación del distrito durante los 20 días que Mayer participó en el reality show. La eliminación del legislador del programa televisivo reactivó el debate sobre su situación partidaria, ya que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena había impuesto una suspensión temporal de derechos al diputado, aunque los motivos específicos y la duración de esta medida no han sido dados a conocer públicamente.
Monreal enfatizó que su posición se basa en lo que establece la ley y los estatutos partidarios. “Mientras no me notifique la Comisión de Honestidad y Justicia, no podré actuar en contra de persona alguna. Tiene que darse a conocer por el órgano interno del partido cualquier decisión que se tome. No estoy ni a favor ni en contra, simplemente lo que la ley determina”, declaró el coordinador parlamentario.
La situación expone tensiones internas en el grupo parlamentario de Morena, donde coexisten procedimientos formales con casos particulares que generan controversia pública. La falta de información oficial sobre los términos de la suspensión y el proceso de reincorporación ha creado incertidumbre sobre el estatus legislativo de Mayer.
El caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan los partidos políticos al regular la participación de sus legisladores en actividades mediáticas fuera de sus funciones parlamentarias. La reincorporación de Mayer ocurre en un contexto donde la relación entre la política y el espectáculo continúa generando debate sobre los límites éticos y reglamentarios para los servidores públicos.
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