Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Tres trabajadores fallecieron y uno resultó lesionado tras el derrumbe de una estructura durante labores de demolición en un inmueble de la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 9 de marzo, lo que ha desencadenado una disputa sobre responsabilidades y una acción legal por parte de los afectados. Ángel Miranda, el sobreviviente, y familiares de las víctimas presentaron una demanda ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, acusando a la empresa a cargo de la obra de negligencia y de presuntas irregularidades en su póliza de responsabilidad civil.
El bufete jurídico Vega Mac Gregor Arellano, representante de los demandantes, anunció la acción legal y señaló que se buscará establecer la responsabilidad penal y civil de los involucrados. La empresa responsable de la demolición no ha sido identificada oficialmente, ni se han revelado los nombres de los tres trabajadores fallecidos, cuyas investigaciones están a cargo de la FGJ CDMX.
El incidente ha expuesto un conflicto de atribuciones entre la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, y el Gobierno de la Ciudad de México. La alcaldesa ha sostenido que, si bien su administración ha solicitado verificaciones de seguridad para las demoliciones en curso, la autoridad para realizarlas recae en el Gobierno central, el cual no ha respondido a cientos de solicitudes. Por su parte, la dirigente del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, respaldó la gestión de Rojo de la Vega y criticó la inacción del Gobierno capitalino.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el PAN capitalino, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 existen 456 solicitudes de inspección de demoliciones pendientes de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Además, se identificaron al menos 17 inmuebles en proceso de demolición que presentan riesgos similares al del siniestro en San Antonio Abad 124.
La controversia también se centra en la aplicación del llamado ‘Acuerdo de Facilidades’, el cual, según las críticas, limitaría la capacidad de supervisión directa de las alcaldías sobre este tipo de obras, delegando la responsabilidad técnica y de seguridad al Gobierno central. El estado de salud de Ángel Miranda y los detalles específicos de las presuntas irregularidades en la póliza de la empresa constructora permanecen sin aclararse públicamente.
El caso pone en evidencia las grietas en los protocolos de seguridad para demoliciones en la capital y la fragmentación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, en un contexto donde la renovación urbana y la presión por nuevos desarrollos inmobiliarios son constantes. Se espera que las investigaciones de la fiscalía determinen las causas técnicas exactas del colapso y asignen las responsabilidades correspondientes.
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