Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocatoria de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue ingresada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentando que la agencia federal actuó ilegalmente al eliminar una conclusión científica establecida en 2009 que determinaba que dichos gases representan una amenaza para la salud pública.
La demanda responde directamente a la decisión tomada por la administración Trump en febrero de 2026, la cual anuló el consenso científico previo que había servido de base para las regulaciones ambientales durante casi dos décadas. Los demandantes sostienen que la anulación de este dictamen carece de validez legal y pone en riesgo la seguridad sanitaria de la población al debilitar el marco regulatorio existente.
Se prevé que este nuevo litigio se sume a una demanda anterior presentada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado la legalidad de las acciones recientes de la EPA. La convergencia de estos esfuerzos legales busca frenar los cambios implementados por el gobierno federal y restablecer las protecciones ambientales basadas en los hallazgos científicos originales.
La coalición demandante abarca una amplia representación geográfica y política, incluyendo a 24 estados así como diversas ciudades y condados que buscan defender las normativas climáticas. Aunque la investigación no detalla los nombres específicos de cada jurisdicción ni de las organizaciones ecologistas involucradas, la magnitud del grupo refleja la oposición coordinada de múltiples niveles de gobierno frente a la política ambiental de la Casa Blanca.
El caso queda ahora bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se determinará la validez de los argumentos presentados por los estados y localidades frente a la interpretación legal de la EPA sobre los riesgos de los gases de efecto invernadero. El resultado de este proceso judicial podría definir el futuro de la regulación climática en Estados Unidos durante la actual administración.
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