Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York argumentando que sus clientes, Nicolás Maduro y Cilia Flores, no cuentan con recursos propios para financiar su defensa legal contra las acusaciones de narcotráfico. La solicitud busca que se autorice al Gobierno de Venezuela a cubrir los costos de la representación, lo cual ha sido bloqueado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En una declaración jurada, Maduro y Flores aseguraron no tener capacidad económica para costear a sus equipos legales y manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere. La defensa sostiene que la negativa de la OFAC para permitir que el Ejecutivo venezolano pague a los abogados interfiere directamente con el derecho de los acusados a elegir su propia representación legal.
El argumento legal presentado por la defensa subraya que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde 2015, y la no recognición de Maduro como presidente legítimo por parte de Washington, crean un obstáculo administrativo que vulnera el proceso de defensa. Los abogados buscan que el juez federal Alvin Hellerstein considere esta situación como una irregularidad que podría motivar el desestimamiento del caso o la autorización excepcional de los fondos.
Maduro y Flores enfrentan acusaciones formales por narcotráfico en este tribunal y tienen programada una audiencia para el 26 de marzo de 2026. La estrategia de la defensa no solo se centra en la inocencia de los acusados, sino también en cuestionar la viabilidad del proceso dadas las restricciones financieras que les impiden acceder a una defensa adecuada según sus propios términos.
La investigación no especifica el monto exacto requerido para la defensa ni detalla qué tipo de pruebas financieras podrían ser presentadas por los acusados. Tampoco se menciona una postura oficial reciente del Gobierno de Venezuela sobre su intención de financiar la defensa, más allá de lo alegado por los abogados en el documento judicial. La Fiscalía estadounidense no ha confirmado si reconoce el derecho a solicitar dicho financiamiento o si considera que se trata únicamente de un alegato de la parte defensora.
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