Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación preliminar contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico. La medida fue confirmada por tres personas familiarizadas con el asunto citadas por el diario The New York Times, aunque las autoridades estadounidenses se han mantenido en reserva sobre los detalles específicos del caso.
Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios al respecto cuando fue cuestionado por la prensa sobre la existencia de la indagatoria. De igual manera, no se ha obtenido una respuesta oficial de la Presidencia de Colombia ni de los representantes de la Fiscalía Federal de Brooklyn ante las solicitudes de comentarios formuladas por los medios de comunicación.
La investigación surge en un contexto de creciente tensión diplomática entre Washington y Bogotá, la cual se ha acentuado desde enero de 2025, tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Las relaciones bilaterales han sufrido deterioro debido a la negativa del gobierno colombiano a recibir vuelos militares estadounidenses con deportados y a la reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas.
Aunque se menciona que las agencias estadounidenses están analizando supuestas reuniones y solicitudes de donaciones relacionadas con el mandatario colombiano, la investigación carece hasta el momento de evidencia concreta pública que detalle la naturaleza de estos encuentros. El estatus preciso y el alcance de las indagatorias permanecen bajo secreto, limitándose la información disponible a la confirmación de que el caso se encuentra en una fase inicial de revisión por parte de los procuradores federales.
Este desarrollo marca un punto crítico en la política exterior de la región, dado que implica una revisión legal directa desde el sistema de justicia estadounidense hacia un jefe de estado en ejercicio, lo que podría tener repercusiones significativas en la cooperación bilateral y en la estabilidad política de Colombia en los próximos meses.
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