marzo 21, 2026
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Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Sexto en Materia Administrativa, emitió una resolución el 20 de marzo de 2026 que autoriza la continuidad del proceso de adopción de 936 perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano. La decisión judicial desecha un recurso presentado por asociaciones vinculadas al refugio y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, permitiendo al Gobierno de la Ciudad de México retomar las entregas de los animales que se encontraban bajo resguardo.

El fallo prioriza el bienestar animal y pone fin a los obstáculos legales que habían frenado la adopción de los ejemplares. Según lo citado en la resolución, el tribunal determinó que los recursos presentados por las partes demandantes carecían de fundamento para detener el procedimiento administrativo iniciado por las autoridades capitalinas, las cuales buscan encontrar hogares definitivos para los seres vivos rescatados.

El origen de este caso jurídico se remonta a una disputa por la propiedad del terreno donde operaba el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. El inmueble es propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, la cual solicitó el desalojo del lugar. Como resultado, el refugio fue desalojado el 7 de enero de 2026, dejando a los 936 animales en una situación de vulnerabilidad que motivó su rescate por parte de las autoridades.

Fernando García Juárez, representante legal de la Fundación Antonio Haghenbeck, fue parte de los involucrados en el litigio que derivó en esta sentencia. La investigación indica que el refugio fue cerrado tras presuntas condiciones de abandono, omisión de cuidados y maltrato, aunque los detalles específicos de dichas condiciones no fueron detallados en la resolución judicial publicada este viernes.

Con esta autorización, el Gobierno de la Ciudad de México tiene vía libre para gestionar la adopción responsable de los perros y gatos que permanecieron bajo custodia estatal durante semanas. La medida busca evitar que los animales continúen en condiciones de resguardo prolongado y facilitar su integración en nuevos entornos familiares, cerrando así un capítulo legal que mantuvo en incertidumbre el destino de los cientos de mascotas.

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