Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denuncian un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, deportaciones masivas y confiscación de bienes a opositores en Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, según documentación recopilada por Human Rights Watch y testimonios de víctimas directas.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado un endurecimiento de políticas migratorias inspirado en el modelo de Donald Trump, resultando en 5.000 personas no admitidas o expulsadas en dos meses. Las cifras oficiales indican 620 personas deportadas en 2024, un 40% más que el año anterior, mientras organizaciones alertan sobre el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega junto a Rosario Murillo enfrentan denuncias por desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores. Entre los involucrados se encuentran William Dávila, Enrique Márquez, Lilian Tintori y Leopoldo López, así como el dirigente chavista Carlos Brenes, reportado como desaparecido.
El caso de El Salvador genera particular preocupación tras la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, incluyendo a César Humberto López Larios, conocido como El Greñas. Más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales 10% tenía antecedentes penales, mientras más de 250 venezolanos también fueron deportados desde territorio estadounidense.
Human Rights Watch, a través de su dirigente Juanita Goebertus, ha emitido comunicados oficiales denunciando estas prácticas, aunque existen contradicciones en las acusaciones. El Gobierno de EE.UU. y El Salvador acusan a deportados de ser pandilleros de MS-13, pero familias de víctimas y la organización de derechos humanos niegan esa condición para la mayoría de los casos.
La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, ha realizado anuncios oficiales sobre las políticas migratorias, mientras activistas como Amaru Ruiz y familiares de víctimas como Thelma Brenes han presentado testimonios sobre las violaciones reportadas. En Mendoza, vecinas lideradas por Macarena Limousin han encabezado protestas socioambientales relacionadas con el proyecto minero San Jorge.
Las denuncias destacan un contexto regional de crisis políticas donde se combinan endurecimiento migratorio, desapariciones forzadas y represión a la oposición, con economistas como Mercedes D’Alessandro analizando las consecuencias de estas políticas en la región latinoamericana.
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