Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal que desestime la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La fiscalía estadounidense, representada por el fiscal especial Adam Amir y el fiscal en jefe Joseph Nocella, presentó un escrito jurídico de más de 100 páginas en el que argumenta que no existen fundamentos válidos para revertir la sentencia emitida tras un juicio de cinco semanas. Con esta acción, las autoridades federales buscan cerrar la vía legal abierta por los abogados del exfuncionario mexicano en diciembre de 2025.
En su momento, la defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, interpuso el recurso alegando que el proceso judicial se basó principalmente en testimonios no corroborados de criminales. Sin embargo, la respuesta oficial del Departamento de Justicia sostiene la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio original que llevó a la condena del exmandatario.
La sentencia firme impuesta a García Luna incluye, además del tiempo en prisión, una multa económica cuyo monto varía según las fuentes consultadas entre 2 y 5 millones de dólares. La discrepancia en la cifra exacta de la sanción pecuniaria figura como uno de los puntos con variación en los reportes sobre el caso.
Tras la presentación de este nuevo documento por parte de la acusación, la defensa de García Luna tiene un plazo de 21 días hábiles para presentar una réplica ante el tribunal correspondiente. Este movimiento procesal marca un nuevo capítulo en el largo litigio que mantiene al exfuncionario mexicano recluido en el sistema penitenciario de Estados Unidos desde su condena hace año y medio.
El caso continúa bajo escrutinio debido a la relevancia política que tuvo García Luna en la lucha contra el narcotráfico en México antes de ser extraditado y juzgado en territorio estadounidense. La resolución final de esta apelación determinará si la condena de casi cuatro décadas se mantiene intacta o si el caso regresa a instancias previas.
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