Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Críticas por inequidad y riesgos para la democracia marcaron el debate sobre el llamado Plan B de reforma electoral, impulsado por la Presidencia de la República y discutido en el Senado. José Woldenberg, expresidente del IFE/INE, señaló que la propuesta busca eliminar condiciones de competencia equitativa al transformar la revocación de mandato en un mecanismo de ratificación que permitiría campañas a favor del Ejecutivo durante procesos federales.
Al participar como invitado en el Consejo Consultivo de la organización Somos México, Woldenberg argumentó que el proyecto es contrario a la Constitución, pues pone en juego el principio de neutralidad al permitir que funcionarios hagan campaña. El exconsejero indicó que no alcanza a ver la iniciativa siquiera como una reforma electoral, sino como un instrumento para que la presidenta Claudia Sheinbaum realice propaganda a su favor en las elecciones intermedias de 2027.
En paralelo, las comisiones legislativas del Senado avanzan en el análisis de los cambios propuestos. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan la discusión sobre la modificación al artículo 35 constitucional, uno de los puntos más controvertidos del paquete legislativo que busca alterar el mecanismo de revocación de mandato.
La controversia se centra en que la nueva regulación permitiría a la persona sujeta a este ejercicio, incluida la Presidencia, difundir el proceso y promover el voto a su favor, rompiendo con la lógica original de la figura diseñada como un instrumento ciudadano de evaluación. Especialistas y actores políticos han expresado que esto deriva en una oportunidad para hacer publicidad electoral en favor de la mandataria, generando tensiones en términos de equidad en la contienda.
Además de los cambios en la revocación, el debate incluye la eliminación del principio de paridad en sindicaturas y regidurías a nivel municipal, así como una reducción en la integración de los ayuntamientos. Diputadas de la oposición han calificado la omisión de la paridad como un grave error que atenta contra derechos conquistados en 2019, mientras el gobierno defiende las medidas bajo el argumento de reducir la renta política y garantizar austeridad.
El contexto de estas discusiones se da mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por medidas de seguridad aplicadas en 40 inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico. La convergencia de estas reformas y acciones ha generado alertas sobre una reconfiguración del sistema político donde el ahorro presupuestal convive con decisiones que podrían impactar la calidad democrática y los contrapesos institucionales.
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