Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un acuerdo institucional el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional del país. El convenio fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital mexicana que busca alinear los criterios judiciales con los estándares internacionales de derechos humanos.
De manera paralela a este acercamiento institucional, la senadora Malú Micher emitió un llamado desde el Senado de la República para uniformar las leyes de género en todos los estados del país, buscando armonizar la legislación local con los avances federales. Este esfuerzo legislativo se suma a la disponibilidad de datos para la transparencia, ya que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos reporta la integración de más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, herramienta que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones destaca para el monitoreo de políticas públicas.
Sin embargo, el panorama de justicia presenta contrastes significativos. Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México, han elevado demandas para que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos y se tornen vinculantes. Estas agrupaciones exigen la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, cuyo contenido y estatus legislativo permanecen sin especificación clara por parte de las autoridades.
En el ámbito de la procuración de justicia, surgió un caso que contrasta con el discurso de avance en derechos humanos. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo fue señalada por otorgar un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, quien enfrenta acusaciones de fraudes. En este contexto judicial también figuran los nombres de José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández como involucrados en los procesos relacionados con la materia de justicia abordados en este periodo.
La coincidencia temporal entre la firma de convenios para la no discriminación por parte de la SCJN y el Conapred, junto con las críticas sobre la actuación de la jueza Duarte Cedillo, evidencia una contradicción entre los anuncios institucionales de protección a derechos humanos y las prácticas judiciales específicas que generan cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de justicia en México.
Ante este escenario, persisten incertidumbres sobre los mecanismos concretos que se implementarán para lograr la igualdad sustantiva prometida en el nuevo convenio, así como los plazos de seguimiento para la armonización legislativa en las entidades federativas. La respuesta del Poder Judicial ante las críticas derivadas del caso del empresario amparado y la evolución de la demanda indígena por una legislación vinculante marcarán los próximos pasos en la materia de justicia y derechos humanos.
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