Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes diversas reformas constitucionales y normas de los estados de Durango y Nayarit por no ajustarse a la reforma judicial federal, fijando con ello criterios nacionales de cara a la elección judicial de 2027. Las resoluciones fueron adoptadas tras analizar acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González.
En el caso de Durango, el alto tribunal declaró inválida la norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia, determinando que ahora todo debe resolverse a puertas abiertas y de cara a la ciudadanía, permitiendo la privacidad solo de manera excepcional. Asimismo, se determinó que es inconstitucional establecer que las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial duren nueve años, debiendo ser de seis años conforme al modelo federal.
Respecto a Nayarit, la Corte invalidó el mecanismo de evaluación y aprobación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único, al considerar que contraviene la Constitución federal, la cual exige que cada poder tenga su propio comité. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que es inconstitucional tener un comité único y que deben existir tres comités separados. Además, el pleno reconoció una omisión del Congreso local al no incorporar la insaculación y la paridad de género, requisitos bajo los cuales cada poder debe integrar listas de entre seis y 10 personas según el cargo.
Las decisiones de la SCJN buscan garantizar que las normativas locales se apeguen a los parámetros del modelo federal vigente, evitando mecanismos que se aparten de los principios de transparencia, división de poderes y equidad establecidos en la reforma judicial. Con estas resoluciones, el máximo tribunal delimita el margen de acción de los estados para adecuar su organización judicial, asegurando la supremacía constitucional en el proceso de renovación de la justicia que se llevará a cabo en 2027.
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