Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicho órgano, confirmó que la sección instructora debe emitir su resolución antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, por lo que las actividades se reanudarán inmediatamente tras el descanso vacacional.
La acusación formal presentada por la autoridad campechana señala a Moreno Cárdenas por un presunto desvío de recursos por 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de la entidad, cargo que ocupó entre septiembre de 2015 y junio de 2019. Este proceso jurídico-legislativo busca retirar la inmunidad parlamentaria al priista para que pueda enfrentar un juicio penal, aunque la defensa y los tiempos políticos podrían influir en el desenlace antes del cierre de la legislatura.
De manera paralela al proceso de desafuero, existen antecedentes administrativos significativos derivados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que, en enero de 2022, aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos correspondientes a las observaciones detectadas en la cuenta pública de 2018, lo que representaba el 98 por ciento del total de irregularidades encontradas en ese año.
Las cifras revelan que la ASF identificó posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos durante el sexenio de Moreno en Campeche. Análisis de datos periodísticos señalan que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue considerada benévola hacia el ahora líder priista, ya que una parte importante de esas cuentas, que sumaban más de 2 mil 700 millones de pesos, fueron perdonadas o dadas por solventadas en años recientes, a pesar de las observaciones iniciales.
Entre los involucrados en las distintas etapas de estas investigaciones figuran Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño, quienes han estado vinculados a los procesos de fiscalización. La convergencia de la acusación penal directa por 83 millones de pesos y las millonarias observaciones administrativas no resueltas coloca a Alejandro Moreno Cárdenas en un escenario de alta presión política y jurídica, justo cuando su partido enfrenta debates sobre reformas electorales como el denominado Plan B.
La decisión de posponer la sesión de la Comisión Instructora hasta después de Semana Santa responde a la necesidad de no entorpecer la discusión legislativa inmediata, pero marca el inicio de la recta final para determinar si el fuero constitucional protege al dirigente del PRI o si será separado de su cargo para responder ante la justicia por los actos presuntamente cometidos durante su administración en el sureste del país.
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