Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización como donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Mexicanos Primero, el IMCO, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción, lo que ha generado críticas por parte de activistas que consideran la medida un golpe a la capacidad operativa de estos grupos para vigilar al poder público.
La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue justificada por la autoridad fiscal como un procedimiento técnico derivado del incumplimiento de requisitos legales, incluyendo disposiciones de la Ley de Ciencia. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional interpretan la acción como una medida política que se suma a una tendencia regional de restricciones hacia la sociedad civil bajo el argumento de promover la transparencia.
Amnistía Internacional México señaló que la cancelación de estos permisos a 113 entidades representa menos recursos para áreas clave como la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a la violencia de género y la protección de territorios indígenas. La organización cuestionó el doble estándar en materia de rendición de cuentas, pues mientras a las ONG se les exige cumplir con cargas administrativas excesivas, muchas instituciones públicas siguen sin transparentar el uso de sus recursos.
Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desconocer los detalles específicos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, presentando la revocación como una decisión técnica y autónoma del SAT. La mandataria recordó que casos similares, como el de Mexicanos contra la Corrupción, ocurrieron en administraciones anteriores por recibir dinero del extranjero, aunque el contexto actual se centra en la validez de acreditaciones emitidas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
El conflicto ha puesto de manifiesto la disparidad en los tiempos de respuesta de la autoridad; mientras algunas organizaciones enfrentan procesos de hasta dos años o ven negadas sus acreditaciones, entidades vinculadas al expresidente López Obrador, como Humanidad con América Latina A.C., han recibido autorizaciones exprés en cuestión de días. Diversas agrupaciones afectadas, incluido el IMCO, han informado que ya iniciaron gestiones para recuperar su estatus, argumentando que la autoridad fiscal desconoció la validez de documentos oficiales.
Amnistía Internacional enfatizó que debilitar a las organizaciones de la sociedad civil implica debilitar a toda la sociedad, ya que estas entidades documentan abusos, acompañan a víctimas e impulsan mejores leyes. La organización hizo un llamado a establecer reglas claras y justas que garanticen la transparencia sin asfixiar la operación de quienes sostienen el tejido social, advirtiendo que cuando las ONG pierden capacidad de acción, la corrupción y los abusos tienden a crecer.
La controversia se desarrolla en un entorno donde la percepción pública señala un acto de gobierno con impacto político, contrastando con la narrativa oficial que busca encuadrar el evento como un mero ajuste administrativo. La falta de una lista oficial detallada y la ausencia de explicaciones específicas sobre los criterios diferenciados de autorización mantienen la incertidumbre sobre el futuro operativo de las organizaciones civiles en México.
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