Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México registró este fin de semana múltiples hallazgos de restos humanos y nuevos ataques contra defensores de derechos humanos, evidenciando la gravedad del fenómeno en distintas entidades. Mientras colectivos de búsqueda localizaron indicios de crematorios clandestinos en Tequila, Jalisco, y restos en Hermosillo, Sonora, organizaciones civiles denunciaron allanamientos en sus instalaciones y la falta de respuestas institucionales para las familias de víctimas.
En el cerro del Totole, en Tequila, Jalisco, integrantes del colectivo Buscando Corazones denunciaron el hallazgo de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales. Ivonne Gutiérrez, coordinadora del grupo, señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas. Este descubrimiento se suma a la preocupación por la existencia de hornos crematorios operados por grupos criminales en la región.
Por su parte, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró mediante un video en redes sociales haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque la búsqueda independiente continúa arrojando resultados, persiste la incertidumbre sobre la identificación oficial y la confirmación mediante pruebas de ADN de los restos localizados por las familias.
La situación de los defensores se agravó con el reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización calificó el hecho como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que se suman a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero.
En el ámbito institucional, surgieron contradicciones entre los reportes de las familias y las declaraciones oficiales. El Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares”, sin evidencia de delito, lo cual contrasta con la percepción de crisis mantenida por los colectivos. Asimismo, en Torreón, Coahuila, Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que el Ayuntamiento argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrar a las familias de los agentes desaparecidos al fondo de pensiones, pese a las pláticas en curso.
La búsqueda de personas continúa activa en otras regiones. En Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal para ser reclutados forzadamente fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días, gracias a un operativo que desplegó a 600 agentes. Sin embargo, casos como el de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre en Yucatán, y la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, mantienen a las familias en la espera de avances concretos por parte de la Fiscalía General de la República.
Estos eventos reflejan las múltiples facetas de la crisis: la acción de búsqueda independiente que logra hallazgos macabros, las presuntas omisiones estatales en la protección de sitios forenses y defensores, y las respuestas oficiales que en ocasiones minimizan la gravedad de los reportes. Mientras las cifras de desapariciones siguen sin tener claridad total en los registros oficiales, la sociedad civil exige mayor seguridad para quienes buscan la verdad y justicia efectiva para las víctimas.
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