Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido hace 32 años en Tijuana, al calificar el crimen como un asunto de Estado que no puede cerrarse mediante este mecanismo jurídico. La declaración se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo federal y la familia de la víctima, pues el senador Luis Donaldo Colosio Riojas ha solicitado el beneficio penal argumentando que existe la facultad legal para hacerlo, pero falta voluntad política por parte de la mandataria.
La postura de Sheinbaum contrasta con la visión del senador Colosio Riojas, quien sostiene que la presidente tiene la capacidad constitucional de emitir el indulto, pero ha decidido no ejercerla. Esta discrepancia marca el rumbo de las conmemoraciones del 23 de marzo, fecha en que se cumplió un aniversario más del atentado que sacudió la vida política mexicana en 1994. Mientras la jefa del Ejecutivo insiste en que el caso requiere una resolución de fondo que trascienda el perdón individual, el legislador enfatiza la necesidad de acciones concretas para dar por terminado el expediente.
Paralelamente a la discusión sobre el indulto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), acusado de ser un segundo tirador en el magnicidio. El proceso judicial enfrenta retrasos significativos, ya que la apelación presentada por la defensa lleva cuatro meses sin desahogarse, situación que ocurre desde noviembre de 2025 y que mantiene en limbo jurídico las acusaciones más recientes sobre la autoría intelectual y material del crimen.
El senador Colosio Riojas ha cuestionado la narrativa oficial sobre la existencia de un segundo disparador, afirmando que esta teoría no es nueva y que la persona involucrada ya había sido identificada hace tres décadas. Estas declaraciones generan fricción con la presentación de la FGR, que continúa exhibiendo la investigación como un trabajo activo con pruebas recientes. La divergencia entre lo que la familia considera información conocida desde hace 30 años y lo que las autoridades presentan como hallazgos actuales refleja la complejidad para consensuar una verdad histórica y jurídica compartida.
En medio del debate, la presidenta Sheinbaum mencionó aspectos relacionados con la trayectoria política de Colosio Riojas, incluyendo referencias a una supuesta candidatura a la gubernatura de Sonora, lo que añade una capa de análisis político a las declaraciones institucionales. Sin embargo, el núcleo del conflicto permanece en la definición del camino a seguir: si el Estado mexicano debe optar por el indulto solicitado por los familiares o continuar con una persecución penal que, a más de tres décadas de distancia, aún no logra ejecutar sentencia firme contra todos los señalados.
El caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta sigue siendo uno de los pendientes más sensibles de la democracia mexicana. Con la apelación de Sánchez Ortega estancada y la negativa presidencial al indulto de Aburto, la justicia para el candidato priista en 1994 parece depender de una definición política que armonice las facultades legales del Ejecutivo con las demandas de cierre expresadas por sus hijos y la sociedad.
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