Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la reforma que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración y explotación del litio. La resolución, emitida el 24 de marzo de 2026, respondió a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por una minoría de senadores de oposición contra los cambios realizados a la Ley Minera en 2022.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra actuó como ponente del proyecto de resolución, el cual fue aprobado por el alto tribunal. La decisión valida los artículos 1, 5 bis y 10 de la legislación minera reformada, consolidando el marco jurídico que establece al litio como un recurso estratégico bajo control gubernamental.
En su análisis, la Corte concluyó que la implementación de esta norma general no requirió la realización de una consulta previa a los pueblos indígenas y afro Mexicanos. El criterio judicial determinó que la reforma no genera un impacto directo e inmediato sobre estos grupos que obligue a dicho proceso de consulta, diferenciando la naturaleza de la ley de actos específicos de ejecución.
Con este fallo, el máximo tribunal cierra la controversia jurídica iniciada hace cuatro años respecto a la nacionalización del mineral, confirmando la facultad del Estado para administrar las cadenas de valor asociadas al litio sin la participación de privados en las etapas de exploración y extracción.
La resolución pone fin a la incertidumbre legal que pendía sobre los proyectos de inversión en el sector y ratifica la política energética actual del gobierno federal respecto a los recursos considerados estratégicos para la transición energética global.
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