Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica de la empresa Next Energy que nunca se concretó. La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas, en la cual se determinó que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal con un plazo de investigación de seis meses.
La Fiscalía General del Estado acusa a Bonilla de haber beneficiado indebidamente a la firma Next Energy durante su gestión (2019-2021) mediante un contrato por 4,500 millones de pesos a 30 años. De acuerdo con las autoridades, el gobierno estatal realizó un pago inicial de alrededor de 123 millones de pesos por un proyecto que no obtuvo los permisos necesarios para iniciar su construcción y que recientemente fueron recuperados por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para desestimar la imputación. Los defensores señalaron que el pago de 123 millones de pesos se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla en octubre de 2021. No obstante, la investigación documenta una discrepancia en las versiones, pues mientras la defensa sostiene que los hechos ocurrieron fuera de la administración, otras fuentes apuntan a la responsabilidad del exmandatario en la autorización del contrato plurianual.
Respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la defensa afirmó que este no se configura, ya que el proyecto de la planta fotovoltaica corresponde a un contrato plurianual de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal, como lo establece la tipificación del delito. También cuestionaron la competencia de la autoridad que llevó el caso, argumentando que posibles actos de corrupción deberían ser investigados por una fiscalía especializada. Pese a estas líneas argumentativas, el juez resolvió vincular a proceso al exmandatario por los tres delitos señalados.
El proceso judicial contra Bonilla se reactivó a inicios de marzo de 2026, cuando se giró una orden de presentación en su contra, dado que anteriormente había logrado aplazar el encuentro con la justicia amparado en su fuero legislativo como senador. Sin la protección legislativa desde 2024, el exmandatario había faltado a citatorios judiciales. Como parte de la resolución, el juez estableció como medida cautelar el pago de 100 mil pesos.
Al término de la comparecencia, Jaime Bonilla destacó el supuesto trasfondo político del caso y las motivaciones de la actual gobernadora. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, declaró según reportes de medios locales. Con esta decisión, Bonilla se convierte en el primer exgobernador que llegó al poder por Morena en ser acusado abiertamente de corrupción y vinculado a proceso en el estado fronterizo.
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