Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer un límite máximo a las pensiones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración mensual que percibe la presidenta de la República. La decisión se tomó durante la sesión del 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en un contexto marcado por la presencia de manifestantes jubilados de empresas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el exterior del recinto.
De acuerdo con los datos duros de la investigación, existen versiones contradictorias sobre el resultado exacto de la votación. Mientras el Semanario ZETA reportó 458 votos a favor, el medio Quadratín México detalló un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Estas cifras desmienten versiones que sugerían una aprobación por unanimidad, evidenciando la división en el pleno respecto a la minuta que ahora deberá ser ratificada por las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
El texto de la reforma establece excepciones específicas para ciertos grupos. Quedan exentos del nuevo techo salarial los miembros de las Fuerzas Armadas, así como los haberes de retiro que ya se encuentran vigentes. Asimismo, se protegen las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. La iniciativa también incorpora modificaciones en el lenguaje para hacerlo inclusivo.
Durante el proceso legislativo, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), participó en las discusiones sobre la viabilidad y alcance de la medida, aunque los detalles específicos de sus declaraciones no fueron desglosados en los reportes iniciales. La reforma impacta directamente a jubilados de organismos como Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro, sectores que han expresado su inconformidad mediante protestas en las inmediaciones del Congreso.
Con esta aprobación en la cámara baja, el proceso legislativo entra en su siguiente fase, requiriendo el aval de la mayoría de los congresos locales para convertirse en ley constitucional. La medida busca equilibrar las finanzas públicas limitando los beneficios de los altos funcionarios retirados, manteniendo simultáneamente la protección a los esquemas de ahorro individual y a las instituciones castrenses.
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