Nueva York, 27 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución histórica que reconoce la esclavitud y la trata transatlántica como crímenes contra la humanidad y establece un marco para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación. La votación, celebrada en la sede del organismo internacional, arrojó un resultado de 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Ghana y contó con el respaldo explícito de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, se considera un hito político significativo tras tres siglos de trata que afectaron a al menos 12.5 millones de personas. El texto busca cuestionar las secuelas duraderas de este periodo y garantizar que no caiga en el olvido.
António Guterres, secretario general de la ONU, declaró que la esclavitud fue un crimen que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades. En su intervención, enfatizó la necesidad de trabajar activamente por la verdad, la justicia y la reparación como caminos indispensables para abordar este legado.
Por su parte, John Dramani Mahama destacó que la adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido y permitirá cuestionar la cicatriz duradera dejada por la esclavitud. Su postura reflejó el sentir de los países promotores que ven en este documento un paso fundamental para el reconocimiento histórico.
Estados Unidos, junto con Israel y Argentina, formó parte de los tres países que votaron en contra de la medida. Dan Negrea, representante estadounidense, argumentó que su nación no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Negrea calificó el texto como problemático en innumerables aspectos, señalando que promueve agendas específicas y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo e informes costosos.
Con esta decisión, la Asamblea General marca un precedente en el debate global sobre las responsabilidades históricas, abriendo un camino político hacia posibles mecanismos de reparación, pese a la oposición de potencias que niegan la obligatoriedad jurídica de indemnizaciones por eventos ocurridos hace siglos.
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