Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein presidió este jueves una audiencia en la que se discutió la compleja situación legal para el financiamiento de la defensa de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos. El magistrado rechazó desestimar el caso, pero dejó en suspenso la resolución sobre cómo pagar al abogado privado Barry Pollack, dado que los activos venezolanos se encuentran bloqueados por sanciones estadounidenses.
Durante el desarrollo de la audiencia, el tribunal analizó posibles vías legales para destrabar el pago de la representación legal, un obstáculo derivado directamente de las restricciones económicas impuestas por Washington. La defensa ha solicitado poder acceder a recursos para garantizar el derecho a elegir representación, mientras la fiscalía mantiene la postura de que la seguridad nacional está afectada por los hechos que se investigan.
Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció respecto al caso, calificando a Maduro como un “importante traficante de drogas” y asegurando que su captura ha evitado la entrada de más narcóticos a territorio estadounidense. El mandatario también solicitó que se amplíen los cargos en contra del exmandatario venezolano, aunque no detalló la naturaleza específica de un supuesto cargo “grave” adicional que, según indicó, aún no ha sido presentado formalmente.
En relación con el estado físico de los detenidos, Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente y diputado venezolano, describió a su padre como una persona delgada, con perfil de atleta y en buen estado de ánimo. Esta declaración contrasta con la ausencia de informes oficiales detallados sobre las condiciones de reclusión en las fuentes disponibles hasta el momento.
El proceso judicial enfrenta ahora la tarea de definir los mecanismos para continuar con la defensa técnica de los acusados sin violar el régimen de sanciones vigente. Mientras el juez Hellerstein evalúa las opciones para el financiamiento, la lista de acusaciones iniciales incluye cargos mayores relacionados con narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, elementos centrales de la estrategia de la fiscalía liderada por la fiscal general Pam Bondi.
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