Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y endurecer las sanciones para este delito hasta con 70 años de prisión. La medida, presentada en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del crimen en todas las fiscalías de la República.
De acuerdo con los datos duros de la propuesta, la nueva legislación contempla una penalidad que oscila entre los 40 y los 70 años de cárcel. Además de fijar castigos severos para la consumación del delito, la iniciativa incluye sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, cerrando vacíos legales que podrían permitir la impunidad en casos donde no se consume la muerte pero existe la intención dolosa.
Un punto central de la reforma es la obligación imposta al Ministerio Público de investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Este cambio de protocolo busca evitar que las autoridades clasifiquen erróneamente estos crímenes como homicidios simples o accidentes desde las primeras etapas de la averiguación previa, lo cual ha sido señalado históricamente como una causa de impunidad.
En el ámbito de protección a sobrevivientes y familias, la propuesta plantea la creación de un registro nacional de orfandad destinado a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Esta herramienta permitirá identificar y dar seguimiento a los menores que han perdido a sus madres por violencia de género, facilitando el acceso a derechos y apoyos estatales. En la presentación de la estrategia participaron funcionarios clave como Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ernestina Godoy, fiscal general de la República, e Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres.
La iniciativa representa un esfuerzo del Ejecutivo federal para unificar el marco jurídico en materia de violencia contra las mujeres, eliminando las discrepancias entre los códigos penales de las 32 entidades federativas. Con esta acción, el gobierno de Sheinbaum busca estandarizar la respuesta institucional ante estos crímenes, asegurando que la gravedad del delito sea tratada con la misma rigurosidad sin importar la ubicación geográfica donde ocurra.
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