Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México ejecutaron operativos de inspección que resultaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para adictos, conocidos como anexos, ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec y Naucalpan. Durante las acciones, se localizó a 1,599 personas dentro de estos inmuebles, de las cuales 1,518 fueron reintegradas con sus familias.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó la puesta en marcha de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación, un esfuerzo coordinado a través de la Mesa de Paz que involucró a la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y secretarías de seguridad y protección ciudadana. De los 94 centros inspeccionados en total, 29 se encontraban en Ecatepec y 24 en Naucalpan.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los anexos clausurados no cumplían con requisitos legales y sanitarios, y presentaban posible relación con delitos graves como privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los internos. Las investigaciones preliminares indicaron que algunos de estos lugares funcionaban como refugio para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, llegando a obligar a las personas recluidas a participar en estas actividades ilegales.
Como resultado de los operativos, ocho trabajadores de estos centros fueron detenidos. En cuanto al destino de las personas localizadas, además de la reintegración familiar mayoritaria, 80 individuos fueron trasladados a centros certificados para recibir atención adecuada y una persona fue externada de manera voluntaria. Las autoridades reportaron haber encontrado condiciones de hacinamiento, insalubridad, alimentos en mal estado y falta de personal capacitado en los sitios intervenidos.
Estas acciones forman parte de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones, la cual busca regularizar el funcionamiento de estos establecimientos y erradicar aquellos que operan bajo esquemas de violación a los derechos humanos. La coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió el aseguramiento de los inmuebles y la atención inmediata a las víctimas rescatadas.
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