Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un límite a las pensiones del personal de confianza en el sector público, con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar un tope máximo equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
Previamente, el Senado de la República ya había dado su aval a la minuta con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Con esta decisión en ambas cámaras, la reforma avanza en el proceso legislativo para eliminar lo que el oficialismo denomina “pensiones doradas” en entes públicos.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una corrección necesaria a privilegios históricos. Según la postura del partido oficial, los cargos públicos deben representar una responsabilidad y no una vía para asegurar ingresos desproporcionados de por vida a expensas del presupuesto nacional.
Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional anunció que votará a favor de la reforma a pesar de expresar inconformidad y críticas por omisiones en el texto y el riesgo de retroactividad. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió sobre posibles conflictos legales que podrían derivarse de modificar acuerdos previos.
El centro de la controversia radica en si la reforma aplicará de manera retroactiva a pensiones ya otorgadas. Los artículos transitorios señalan que las jubilaciones concedidas conforme al marco constitucional vigente con anterioridad se conservarán, pero existe incertidumbre sobre cómo se implementará el ajuste en casos específicos.
Jubilados y pensionados han organizado protestas tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como en el Congreso local de Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, expresó el temor de los afectados por una aplicación retroactiva que reduzca sus ingresos ya establecidos.
La reforma excluye expresamente a las Fuerzas Armadas, así como las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales. También quedan fuera las pensiones derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementarios.
Tras la aprobación en Diputados, la reforma deberá cumplir con los trámites constitucionales restantes para su entrada en vigor. El gobierno federal ha presentado esta medida como parte de su compromiso con la austeridad republicana y la eliminación de privilegios en la administración pública.
Organizaciones de pensionados mantienen su oposición y han anunciado que continuarán con movilizaciones para defender sus derechos adquiridos. El debate jurídico sobre los alcances de la reforma y su posible impugnación ante instancias judiciales permanece abierto.
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