Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó los mandamientos de captura tras integrar una carpeta de investigación que documentó la actuación de la policía estatal durante el operativo. Los delitos imputados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
De acuerdo con los datos verificados, el operativo policial de 2017 derivó en cuatro personas fallecidas, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. Además, siete policías resultaron heridos durante los enfrentamientos con pobladores de la comunidad indígena purépecha.
Los delitos imputados están catalogados para que se pueda solicitar prisión preventiva oficiosa, figura que, de ser decretada, impediría a los acusados enfrentar el proceso penal en libertad. El juzgador libró un total de 16 mandamientos de captura contra exservidores públicos del estado.
Silvano Aureoles Conejo ya enfrentaba otra orden de aprehensión desde 2023 por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de estaciones de policía durante su mandato, por lo que se le considera prófugo. La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de los mandatos judiciales.
Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua y recuperar vehículos retenidos por la comunidad. El caso permaneció durante años en exigencia de justicia por parte de las víctimas y organizaciones civiles, quienes señalaron uso excesivo de la fuerza y violaciones graves a derechos humanos.
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