Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución enfocándose en ahorros presupuestales para congresos locales, ayuntamientos, el Senado y las remuneraciones de funcionarios electorales. En la votación se excluyó la modificación al artículo 35 que pretendía adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, pieza clave de la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la aprobación del dictamen, Morena celebró el resultado en redes sociales calificándolo como un triunfo del pueblo de México, asegurando que con esta medida la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, la oposición también reclamó el resultado como un logro propio; Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI festejó la modificación al dictamen original.
En el debate previo a la aprobación, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó datos sobre el costo operativo de los procesos comiciales recientes. Martín Faz, consejero del INE, señaló que aunque la exclusión de la revocación de mandato es un punto positivo para la equidad de la contienda, persiste una tremenda complejidad operativa para 2027 debido a la coincidencia de la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en la misma fecha.
Documentos entregados por el INE al Senado revelaron que el organismo pagó 2,419 millones de pesos en concepto de ‘bono electoral’ a sus trabajadores en los tres últimos procesos. El desglose indica que en 2022, durante la revocación de mandato, se erogaron 449.2 millones de pesos; en el proceso electoral federal de 2024 fueron 964.9 millones, y en 2025, para la elección del Poder Judicial, se destinaron mil 5 millones.
El argumento técnico presentado por el consejo del INE, incluyendo posturas de consejeros como Carla Humphrey, sostuvo que eliminar este bono podría resultar más costoso para las finanzas públicas, ya que su ausencia obligaría al pago de horas extras por montos superiores a los actuales. Con esta decisión legislativa, queda descartada cualquier otra iniciativa de reforma constitucional que requiera el apoyo de los partidos satélites para modificar el marco legal electoral durante la primera mitad del gobierno actual.
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