Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa de entretenimiento Xcaret debe dejar de usar elementos de la cultura Maya en toda su publicidad mientras se resuelve el fondo del caso, al considerar que la protección del patrimonio ancestral tiene mayor peso que el interés comercial.
Por siete votos a dos, se aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, quien señaló que las empresas, aunque realicen inversiones que beneficien a las comunidades, eso no las faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación.
El conflicto se originó cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ordenó medidas cautelares a la empresa turística para retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios que utilizaran elementos del patrimonio cultural Maya, tras una denuncia de cuatro personas que se ostentaron como Mayas.
Xcaret impugnó una multa argumentando tener autorización del Gran Consejo Maya, organización que firmó un acuerdo comercial con la empresa y presentó un escrito con 209 firmas de comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados y jueces tradicionales apoyando el convenio.
Un juzgado de distrito le concedió inicialmente una suspensión definitiva, permitiéndole continuar con el uso de los símbolos, pero la SCJN revirtió esta decisión y ordenó la medida cautelar de suspensión del uso mientras se resuelve el asunto de fondo.
La ministra Yasmín Esquivel, quien votó en contra del proyecto, manifestó su preocupación por la decisión al estimar que con ello se estaba desconociendo la voluntad del Gran Consejo Maya, reconocido en las leyes de protección indígena desde 1998, quienes se benefician del acuerdo comercial entre la empresa y esa comunidad.
Existe una disputa sobre quién representa legítimamente al pueblo Maya en este asunto: por un lado, Indautor representa a integrantes de la comunidad Maya que denunciaron; por otro, el Gran Consejo Maya firmó el acuerdo comercial con Xcaret. La mayoría del tribunal consideró que la protección del patrimonio ancestral prevalece, independientemente de cualquier autorización.
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