Coatzacoalcos, 31 de marzo de 2026.- La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de marzo por la posible comisión de delitos ambientales derivados del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Las sanciones contempladas en el Código Penal Federal podrían ir de uno a nueve años de prisión, de 300 a mil días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental.
Pemex informó que detectó una reactivación de emisiones naturales de hidrocarburos frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz. Los avistamientos y recales intermitentes se registraron desde el 2 de marzo en zonas costeras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Factores climáticos como frentes fríos, oleaje elevado y vientos han potenciado el arrastre del material intemperizado hacia la costa.
Para mitigar los impactos, se activaron protocolos de vigilancia, contención y saneamiento con un estado de fuerza de más de 3 mil elementos, incluyendo 2,200 de la Secretaría de Marina (Semar) y 700 de Pemex, además de personal de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios. El despliegue cuenta con 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de un kilómetro de barreras de contención.
Hasta el corte del 30 de marzo, las brigadas interinstitucionales han intervenido en 630.9 kilómetros acumulados de litoral, atendiendo 39 playas, un manglar y un estero. Se ha recolectado un acumulado de 785 toneladas de residuos de petróleo en playas y 40.6 toneladas en el mar. En la zona de chapopoteras del complejo Cantarell, se instalaron barreras de contención y se realiza dispersión mecánica con chorro de agua, mientras se revisa la integridad de ductos en las áreas de Akal C y Akal H.
Como parte de la investigación, se mantiene la revisión de 13 embarcaciones ubicadas previamente en el fondeadero de Coatzacoalcos; siete ya fueron inspeccionadas y los seis restantes han sido boletinados a nivel internacional. Mientras tanto, Pemex ordenó destinar 35 millones de pesos para apoyar a comunidades pesqueras y servicios de salud, dado que cerca de 50 mil pescadores han visto interrumpida su actividad y se han reportado afectaciones en fauna silvestre, con ocho casos documentados.