Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que busca validar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. La propuesta deriva de la negativa de un amparo a la empresa Total Play y se listó para discusión el 9 de abril de 2026.
El proyecto del ministro Guerrero García consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la cual negó el amparo a Total Play. En dicho fallo, el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, citando jurisprudencias donde la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de internet y solicitaron su bloqueo. Tras admitir el trámite en agosto de 2024 y decretar la medida provisional en septiembre, el IMPI ordenó en octubre a proveedores como Total Play bloquear los sitios debido al incumplimiento. En noviembre de 2024, la promotora de televisión promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones y viola la libertad de expresión.
El mismo día 9 de abril se programó otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De aprobarse el proyecto sobre el IMPI, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad de la norma impugnada, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes.
Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, por representantes que incluyen a Daniel García Rodríguez, Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.
Daniel García Rodríguez, quien estuvo sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”. El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura y el arraigo.
En temas administrativos, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, señaló: “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. Esta unidad tendrá competencia sobre juzgados y tribunales de la capital, así como de Querétaro y Tlaxcala, sumándose a las visitadurías ya inauguradas en las regiones Pacífico y Oaxaca.
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