Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México, sosteniendo que la decisión del organismo de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura “sesgada y contradictoria”, sin perspectiva histórica ni internacional.
La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, privilegiando posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. El organismo nacional argumentó que, antes de una intervención de esa naturaleza, debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional.
En su defensa, la CNDH acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado relativos a las condiciones para su intervención y señaló que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012). Asimismo, la Comisión indicó que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”.
Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. La CNDH también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país, y arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.
Frente a esta postura, el colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal y pidió al Estado atender las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición. El colectivo señaló que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva, denunciando que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad.
El grupo destacó que el Comité contra la Desaparición Forzada encontró indicios de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y ha pedido que la ONU apoye a las víctimas, sus familias y al Estado. Además, subrayó que el CED determina que al menos algunas organizaciones criminales que operan en el país cumplen con los criterios del Estatuto de Roma para ser consideradas formalmente como “organizaciones” con capacidad de cometer desapariciones forzadas.
Según el colectivo, el Comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas. Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias.
About The Author
