Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Bruno Martínez Castillo, alias ‘El Nicho’, presunto líder de una célula delictiva del cártel ‘Los Alemanes’, por su posible participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de elementos de la Policía Federal Ministerial.
De acuerdo con la investigación, la FGR inició una carpeta en diciembre de 2023 tras una denuncia anónima sobre personas armadas vendiendo drogas en la colonia Progreso, en San Luis Potosí. Durante las labores de indagatoria, agentes federales fueron atacados con armas de fuego; uno perdió la vida y otro resultó lesionado. La Agencia de Investigación Criminal identificó a seis agresores, cinco de los cuales ya se encuentran vinculados a proceso.
El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en San Luis Potosí presentó datos de prueba suficientes para lograr la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra ‘El Nicho’, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por separado, un juez vinculó a proceso e instruyó la apertura de un juicio contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024, acusado del delito de desaparición forzada de personas. Los investigadores lo señalan como presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía de Tabasco informó que el juez decretó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Bermúdez Requena, quien compareció por videoconferencia durante la audiencia judicial del fin de semana, permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (‘El Altiplano’), donde se encuentra internado desde septiembre de 2025.
Este nuevo proceso legal se produce seis meses después de que el exfuncionario fuera detenido en Paraguay y trasladado a México, donde ya enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada. La ley contempla penas de hasta 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, con agravantes cuando la víctima es una mujer.
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