Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el 7 de abril de 2026 el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al afirmar que el documento tiene ‘otra orientación’ cuyo propósito es criticar al Gobierno de México. La mandataria negó que la crisis de desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad.
Sheinbaum criticó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) por sus ‘debilidades’. Sobre la distinción entre tipos de desaparición, la presidenta declaró: “Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada”.
La jefa del Ejecutivo insistió en que no pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito. Sheinbaum lamentó que el informe del CED no esté reconociendo el esfuerzo que está haciendo su Gobierno y dijo: “Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México”.
En contraste, el informe del CED sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado. Juan Pablo Albán, presidente del comité, defendió el proceso y precisó: “El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”.
Ante el rechazo, la presidenta anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno. Sheinbaum sostuvo que la postura de su gobierno es resultado de un análisis técnico realizado párrafo por párrafo del documento del CED.
El documento del CED recomienda elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU a través del secretario general António Guterres. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.
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