Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que 20 congresos estatales han aprobado el ‘Plan B’ de la reforma electoral, con lo cual la iniciativa ya alcanzó el rango constitucional. La mandataria indicó que el proceso legislativo avanza hacia su conclusión formal.
“Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, declaró Sheinbaum respecto al estatus actual de la reforma. No obstante, la presidenta aclaró los pasos pendientes: “Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el DOF”.
Previamente, durante esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la reforma electoral con el respaldo de 343 votos a favor. Las bancadas de Morena, PT y PVEM tomaron la iniciativa como propia, mientras que los partidos del PAN, PRI y MC negaron su respaldo. Entre el miércoles y la madrugada del jueves, el recinto legislativo aprobó el Plan B tanto en lo general como en lo particular.
Entre los seis “grandes logros” que Sheinbaum expuso sobre el Plan B se encuentran: la no reelección, la prohibición del nepotismo, la reducción de recursos a los congresos estatales, la disminución del número de regidores, el fin de las pensiones doradas y la reducción de salarios para consejeros y magistrados electorales, eliminando bonos y seguros de gastos médicos mayores. La presidenta resumió la medida con la frase: “Abajo los privilegios con todas sus letras”.
La reforma establece topes máximos a la integración de los cabildos municipales, determinando que ningún ayuntamiento podrá tener más de 15 regidores. Asimismo, se pone un límite máximo de ejercicio equivalente al 0.7% del presupuesto de egresos de la entidad federativa para los Congresos Estatales.
En materia de austeridad, se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados o pensiones a través de dinero público. Se establecen límites a los sueldos de los funcionarios del INE, Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y Tribunales Electorales, estipulando que a partir de ahora ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la república.
Finalmente, la normativa establece un recorte gradual del 15% al presupuesto del Senado de la República durante los próximos cuatro años. A partir de 2027, el presupuesto de la cámara alta deberá ajustarse hasta alcanzar dicha reducción acumulada.