Ciudad De México, 11 de abril de 2026.- Este sábado entra en vigor la reforma al artículo 127 de la Constitución que limita las jubilaciones y pensiones en entidades públicas, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026.
La reforma establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. Asimismo, dispone que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos y empresas públicas no deberán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
El texto constitucional señala que “ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”. Además, indica que “ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico”, salvo excepciones por múltiples empleos o especialización, donde la suma no deberá exceder la mitad del salario del Ejecutivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió la iniciativa de reforma al Senado de la República en febrero. Tras la publicación del proyecto en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó el hecho.
La reforma excluye a las Fuerzas Armadas, las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas a partir de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva del artículo 4 constitucional.
Ante la entrada en vigor de la norma, organizaciones sindicales y de jubilados crearon un Frente Nacional en Defensa de las Jubilaciones y Pensiones, integrado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, entre otros. El Frente acordó realizar movilizaciones el día 11 de cada mes en distintos puntos del país.
Silvia Ramos Luna, integrante del comité de vigilancia y fiscalización de la UNTPP, señaló que existe inquietud entre los trabajadores porque no hay claridad sobre a quiénes aplicará realmente la reforma. Advirtió que no se ha hecho una diferenciación entre quienes obtuvieron pensiones de manera ilegal y aquellos trabajadores que la consiguieron en términos legales tras laborar más de 35 o 40 años. Ramos Luna adelantó que no interpondrán amparos contra la reforma constitucional, ya que este recurso no procede cuando se trata de modificaciones a la Carta Magna.
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