Ciudad De México, 15 de abril de 2026.- Una corte de Ontario, Canadá, anuló el laudo arbitral emitido en 2024 que favoreció al Estado mexicano en el litigio con inversionistas vinculados a la empresa Oro Negro. La corte ordenó reabrir el procedimiento bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), determinando que el tribunal arbitral actuó de forma incorrecta al declararse sin jurisdicción para conocer el caso.
La resolución señaló que el árbitro chileno Andrés Jana no reveló un posible conflicto de intereses derivado de su trabajo como asesor legal. Al considerar que el tribunal se negó erróneamente a tener jurisdicción y que existió dicha omisión en la revelación de conflictos, la corte canadiense estableció que el caso volvería a la etapa de análisis de fondo.
El laudo original de 2024, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, había desestimado la demanda de los inversionistas por más de 270 millones de dólares. En aquella ocasión, el tribunal concluyó que no tenía jurisdicción para resolver el caso y que los demandantes carecían de legitimidad suficiente, en parte debido a la doble nacionalidad de algunos de ellos, además de considerar que las pérdidas reclamadas eran de carácter indirecto.
Con esta nueva decisión, en el caso de que el fallo resultara adverso para el Estado mexicano, éste podría enfrentarse al eventual pago de 270 millones de dólares. Asimismo, la corte canadiense ordenó a México cubrir 100 mil dólares por costos procesales en un plazo de 30 días. Como consecuencia del laudo original de 2024, se había ordenado previamente a Oro Negro pagar aproximadamente 400 mil dólares a México por los costos del proceso.
El litigio se remonta a la relación contractual entre Oro Negro y Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2013 y 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Oro Negro, fundada en 2009 y declarada en quiebra en junio de 2019, arrendó cinco plataformas petroleras —Primus, Decus, Laurus, Fortius e Impetus— a Pemex. Los inversionistas, diversos fondos e internacionales que iniciaron la demanda en 2017, sostienen que en 2015 Pemex indujo una reducción en las tarifas acordadas y que en 2017 se produjo la cancelación anticipada de contratos aún vigentes.
Entre las acusaciones presentadas por los demandantes se incluyen incumplimiento contractual, trato preferencial a competidores y una presunta negativa a pagar sobornos. El procedimiento para anular el laudo se presentó en Canadá en 2024, culminando con esta revocación que devuelve el conflicto a la esfera de discusión sobre el fondo del asunto.
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