Tuxtla Gutiérrez, 29 de mayo de 2026.- Diputadas, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa de reforma legal ante el Congreso de Chiapas para impedir el registro y acceso al cargo de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género.
La propuesta está encabezada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Anabel Arellano Córdova, la consejera María Magdalena Vila Domínguez y la presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), María Teresa Olvera Caballero.
La iniciativa plantea modificar los artículos 38 de la Constitución Política federal y 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Chiapas.
La reforma establece que cualquier persona con sentencia firme emitida por autoridad jurisdiccional electoral o resolución definitiva por violencia política de género quedará suspendida en sus derechos político-electorales, por lo que no podrá registrarse como candidata ni ocupar cargo público.
El segundo componente modifica la Ley de Medios de Impugnación para permitir la anulación total de una elección cuando se demuestre violencia política en razón de género durante el proceso, contemplando que el partido o candidato responsable no podrá participar en la elección extraordinaria.
Con esta medida, las reglas federales y locales quedarán alineadas, lo que evitará vacíos legales que permitan la impunidad, buscando garantizar elecciones limpias y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
Las impulsoras señalaron: “Con este esfuerzo, que combina el trabajo legislativo, el análisis de las demandas ciudadanas y la actividad académica, Chiapas avanza hacia una democracia más justa, donde la legalidad y el respeto a las mujeres sean la prioridad”.
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