San Miguel Amatitlán, 14 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio de 2026 por un comando armado. El alcalde había sufrido extorsión y amenazas previas, situación ante la cual manifestó que temía por su vida y solicitó protección oficial.
De acuerdo con los hechos registrados, durante una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, el edil pidió escoltas y se le prometió su asignación, sin embargo, estas nunca llegaron. Semanas antes del homicidio, Bravo Martínez ya había sido víctima de un ataque y un secuestro virtual perpetrado por sujetos armados, a quienes no permitió extorsionarlo.
Tras el crimen, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República indicó que las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. En un comunicado, el gabinete señaló: “Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez… No habrá impunidad”.
Asimismo, las autoridades federales informaron que han reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo destinado a proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad. Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca anunció que iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato.
Jorge Romero declaró que Bravo Martínez fue “un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”. El PAN exigió a las autoridades federales, estatales y ministeriales “una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune”, recordando que el edil “había manifestado de manera directa que temía por su vida”.
Alejandro Moreno condenó el hecho con firmeza y afirmó que la ejecución “no es un hecho aislado”, sino una muestra de la violencia que gana terreno mientras el gobierno federal es “incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”. Agregó que “cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas” y que “la impunidad se ha convertido en el mejor aliado de los criminales”.
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