Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, detonó una crisis política dentro de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación y se deslindó de la misma: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”.
La Secretaría de Gobernación estableció que la vuelta de Rocha Moya respondió a una decisión de carácter personal. Esta postura fue respaldada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, quienes sostuvieron que la medida no fue consensuada con representantes del instituto político ni otras autoridades. Además, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense.
Frente a las posturas emitidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación. Como resultado, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia el 22 de agosto. En su petición ante el Poder Legislativo, el mandatario declaró: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”.
En Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal, descartó que el deslinde partidista perjudique al instituto político. Al ser cuestionado por Semanario ZETA este lunes 24 de agosto en Tijuana, afirmó: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”. Álvarez Cárdenas añadió que la presidenta tomó las medidas “a tiempo y en forma”, destacando que lo relevante fue la manera en que se enfrentó el tema y el resultado final de la separación por segunda ocasión.
Simultáneamente, Enrique Inzunza anunció que dejará el encierro el próximo 30 de agosto para ocupar físicamente su escaño en el Senado, del cual se ha mantenido alejado más de 100 días. El anuncio coincide con la plenaria de la bancada de Morena para definir la agenda legislativa del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) indicaron que Inzunza no cuenta con el respaldo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa, quedando en un limbo legal sin ser procesados ni exonerados. La Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas; aunque fueron citados a comparecer en mayo, han evitado los reflectores. Inzunza ha conservado su fuero constitucional y sueldo íntegro, salvo 22 horas de licencia en mayo, y su única aparición pública reciente fue el viernes, al ingresar al Palacio de Gobierno para reunirse con Rocha Moya.
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