Por Redacción
Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para informar sobre los avances en las indagatorias. Durante el encuentro, la mandataria señaló que se logró identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas al caso y que “hoy están detenidas”.
Según lo expuesto en la reunión, los nuevos elementos en las investigaciones se refieren al uso de telefonía celular que los perpetradores utilizaron durante y después de los crímenes. Asistentes al encuentro indicaron que estas personas “realizaron llamadas asociadas a la desaparición forzada”. La presidenta destacó que no se ha descartado ninguna línea de investigación y mencionó que hasta el momento hay 17 militares presuntamente implicados que se encuentran detenidos.
En el encuentro, donde también participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las familias y sus representantes legales insistieron en varias demandas. Entre ellas, exigieron que el Ejército entregue los ‘folios’ de la información que posee y que hasta ahora no se ha dado a conocer, datos que consideran “clave” para dar con el paradero de los estudiantes. Asimismo, demandaron que se entreguen elementos suficientes para fincar responsabilidad por los hechos a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, quien está detenido desde principios de este mes.
Los padres de los normalistas solicitaron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones. Al respecto, Isidoro Vicario, abogado de las familias, indicó que “hubo un compromiso de la Presidenta, que encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”. No obstante, Vicario subrayó que, si bien se reconocen los avances en las indagatorias, estos aún son insuficientes para conocer el paradero de los muchachos.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo. Este militar, procesado por su presunta participación en los hechos, enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había solicitado a la Corte definir si los familiares, como víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver la suspensión en el amparo promovido por el militar.
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