Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- El proceso de subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA) para pagar una deuda que supera los 45 mil millones de pesos está paralizado por bloqueos de acreedores con garantías prendarias, mientras tribunales laborales suman nuevas sentencias firmes que obligan a la empresa y a su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA) a pagar prestaciones laborales a ex trabajadores, adeudos que se integrarán a la masa concursal.
Según información de expedientes judiciales, acreedores con garantía prendaria, entre los que destacan Cargill (con un crédito de 12,385 millones de pesos) y Banco Afirme (con 8,309 millones, que representan el 46% de la deuda total), han impedido el avance de la subasta al oponerse a las condiciones iniciales. Un juzgado de distrito en materia de concursos mercantiles otorgó un nuevo plazo hasta el próximo 27 de marzo para establecer bases de subasta que puedan ser aceptadas.
En paralelo a esta crisis financiera, continúan llegando sentencias firmes de tribunales laborales federales, como las registradas en los expedientes 77/2023 y 19/2022, que condenan a AHMSA y MINOSA al pago de prestaciones laborales adeudadas a ex empleados. Estos montos reconocidos judicialmente se suman a la masa concursal y deberán ser pagados siguiendo el orden de prelación que establece la Ley de Concursos Mercantiles, aunque detrás de acreedores con garantías reales como las prendarias.
La situación deja en un limbo a miles de ex trabajadores que, a pesar de haber ganado sus juicios laborales, ven cómo su pago depende de un complejo proceso de venta de activos que no avanza. El síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, tiene la tarea de administrar una masa concursal creciente por las condenas laborales, pero con recursos líquidos insuficientes.
El estancamiento de la subasta prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la que fue una de las principales siderúrgicas del país y sobre la posibilidad de que los más de 45 mil millones de pesos de deuda, que incluyen los adeudos laborales, puedan ser cubiertos. El plazo del 27 de marzo se presenta como una nueva oportunidad para desbloquear el proceso, aunque sin garantías de que los acreedores prendarios levanten su oposición.
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