Por Redacción
Puebla, 21 de marzo de 2026.- Un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Puebla resultó en la detención de 16 personas presuntamente vinculadas al grupo criminal La Familia Michoacana. Los detenidos, 15 hombres y una mujer, están acusados de realizar cobros de piso y extorsión contra comerciantes del Mercado Morelos en la capital poblana.
Entre los detenidos figura Luis Ángel N., alias ‘El Topo’, de 21 años, así como otros 15 individuos cuyas edades oscilan entre los 18 y 54 años. Las autoridades identificaron a los detenidos como Mateo N. (54), Gabriel N. (48), Rosario N. (42), Jorge N. (40), Juan N. (39), Víctor N. (38), Luis N. (33), Arturo N. (30), Francisco N. (29), Jesús N. (28), José N. (28), Gonzalo N. (28), Carlos N. (27), Osmar N. (25) y Néstor N. (18). La acción se llevó a cabo en días pasados en la colonia 10 de Mayo, tras la ejecución de una orden de cateo.
Durante el aseguramiento, las fuerzas federales y estatales incautaron material bélico y estupefacientes. El inventario reportado incluye dos armas de fuego: un rifle tipo Ak-47 y un revólver calibre .38, además de un cargador y 21 cartuchos útiles. En cuanto a las drogas, se aseguraron 49 dosis de presunto crystal, 29 de aparente heroína, cinco de presunta cocaína, nueve bolsas de aparente piedra y 10 dosis de presunta mariguana.
La investigación indica que esta célula criminal se dedicaba específicamente a la extorsión sistemática de los vendedores ubicados en el Mercado Morelos, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad de Puebla. La participación de múltiples corporaciones en el operativo refleja la coordinación entre niveles de gobierno para combatir las actividades ilícitas reportadas en la zona.
Tras la detención, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa o intento de cobro ilegal. Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal respecto a los delitos de extorsión y posesión de armamento y narcóticos.
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