Archivo. EFE/EPA/CJ GUNTHER
Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de no proteger adecuadamente a sus alumnos judíos e israelíes frente a incidentes de acoso y agresión física ocurridos en el campus. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, tiene como objetivo recuperar subvenciones federales que ascienden a miles de millones de dólares otorgadas a la prestigiosa casa de estudios.
La querella se centra en los eventos registrados principalmente durante 2023 y 2024, periodo marcado por intensas manifestaciones propalestinas y antiisraelíes en respuesta al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. Según los argumentos del gobierno estadounidense, la universidad permitió un entorno hostil donde se estableció un campamento de protesta que permaneció instalado durante 20 días, situación que derivó en alegatos de discriminación antisemita sistemática.
Este litigio representa la tercera demanda que la administración Trump interpone contra Harvard. La escalada jurídica sigue a un intento previo ocurrido en febrero de 2025, cuando el ejecutivo amenazó con retirar los fondos federales de la institución, medida que fue bloqueada oportunamente por un juez federal. En aquella ocasión, la disputa ya había puesto en el centro del debate la responsabilidad de las universidades privadas ante el financiamiento público.
Aunque la investigación disponible no detalla cifras exactas sobre el número específico de víctimas ni las fechas concretas de cada incidente de agresión física, la base de la acusación gubernamental sostiene que existió una falla institucional en la seguridad de los estudiantes pertenecientes a la comunidad judía. La falta de especificación sobre el tribunal federal exacto de Boston donde se radicó el caso contrasta con la magnitud económica de las sanciones solicitadas.
Por su parte, la Universidad de Harvard ha emitido un comunicado público como respuesta inicial ante la noticia de la demanda, aunque hasta el momento no se han divulgado los detalles de su defensa legal formal ante el tribunal. La institución enfrenta ahora el reto de demostrar en sede judicial que cumplió con sus obligaciones de garantizar un ambiente seguro para todo su alumnado, independientemente de su origen o creencias.
El conflicto jurídico refleja la profunda polarización política y social en Estados Unidos respecto al conflicto en Medio Oriente y su repercusión en las instituciones educativas superiores. Con esta nueva acción legal, el gobierno federal busca establecer un precedente sobre las consecuencias financieras que enfrentan las universidades que, a su juicio, toleren la discriminación bajo el amparo de la libertad de expresión en sus recintos.
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