Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron frente a la presidencia municipal para denunciar actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Los empleados, agrupados bajo el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Coahuila (SUETSRT), aseguraron que personal contratado externamente está realizando las funciones que les corresponden, lo que les impide trabajar y alegan facilita irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
La protesta fue liderada por Rosalva Rodríguez, secretaria general del SUETSRT, quien expuso que la situación ha generado un clima de inseguridad para los empleados de base. José Luis Martínez, trabajador sindicalizado, señaló que la presencia de este personal externo no solo viola sus derechos laborales, sino que permite lo que describieron como ‘tranzas’ con los fondos municipales. Las oficinas de Rezagos y Notificaciones, ubicadas en el edificio del antiguo Banco de México en avenida Morelos y calle Cepeda, son el punto focal de estas operaciones, mientras que el subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y el personal externo permanecen en el área de la Plaza Mayor.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la inconformidad pero la atribuyó a necesarios ‘ajustes’ administrativos destinados a mejorar la eficiencia del área de Ingresos. El edil respaldó plenamente al director de Ingresos, Roberto Barrios, y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores de base. Aunque mencionó que los argumentos de los sindicalizados ‘se respetan y validan’, insistió en que se trata de reacomodos operativos y no de actos ilícitos.
La tensión se centra en la estructura de la Tesorería municipal, encabezada por Javier Lechuga Jiménez, y la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Eduardo Olmos Castro. Los trabajadores solicitaron audiencias con ambos funcionarios para exponer su caso, aunque hasta el momento no se ha informado sobre el resultado de dichas solicitudes ni se ha registrado una respuesta específica del director Roberto Barrios o del subdirector Miguel Ramos frente a las imputaciones de corrupción.
El conflicto ocurre en un contexto de crecimiento significativo en el presupuesto municipal. Mientras que en 2022 el ejercicio presupuestal fue de 2 mil 850 millones de pesos, la administración actual maneja un presupuesto para 2026 de casi 6 mil millones de pesos. Los sindicalizados temen que la falta de control sobre el personal externo en áreas sensibles de recaudación pueda derivar en desvíos de recursos en medio de este incremento financiero.
Hasta la tarde de este 21 de marzo, la administración municipal mantiene su postura de que las medidas implementadas son técnicas y no representan una violación a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la falta de evidencia concreta presentada públicamente por ambas partes —tanto de los supuestos actos de corrupción como de los detalles específicos de los ‘ajustes’— mantiene el conflicto abierto, sin que se vislumbre una solución inmediata a la protesta que continúa en las instalaciones del gobierno local.
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