Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La coordinación de Morena en el Senado anunció que la votación del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral podría realizarse el próximo miércoles 25 de marzo, previo a la Semana Santa, aunque sin una confirmación oficial definitiva. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca modificar la Constitución en materia electoral y ha generado divisiones entre los partidos aliados y fuertes críticas de la oposición.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Alta, aseguró que existe la intención de aprobar la reforma constitucional en el pleno la próxima semana. Medios como La Jornada reportan que el partido gobernante tiene planeado concretar la votación en esa fecha, mientras que SDP Noticias señala que se trata de una expectativa que falta ser confirmada formalmente por la mesa directiva.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen su apoyo general a la iniciativa, aunque han expresado reservas internas sobre ciertos aspectos. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, y Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del PT, junto con senadores como Alejandro González Yáñez y Liz Sánchez, participan en las discusiones, mostrando cautela ante elementos específicos de la propuesta.
La oposición ha rechazado contundentemente la reforma. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, calificó la iniciativa como el ‘Plan Maduro’ y un ‘golpe de Estado’, equiparándola con medidas autoritarias. Por su parte, el diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que la reforma generará más gasto público en lugar de ahorro, al obligar a aproximadamente 1,100 municipios a ampliar el tamaño de sus cabildos, mientras que solo 56 verían una reducción.
De acuerdo con los datos duros de la investigación, la implementación de la reforma implicaría la creación de 221 regidurías adicionales solo en el estado de Yucatán, donde el 74% de los municipios tendría que aumentar su número de integrantes. Además, columnas de opinión en López-Dóriga Digital argumentan que la inclusión de la revocación de mandato es improcedente, pues no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta, requisito establecido constitucionalmente para tal mecanismo.
El debate legislativo continúa en un entorno de polarización, donde el gobierno federal presenta la medida como un fortalecimiento de la participación ciudadana, mientras los críticos advierten sobre un intento de control político y un aumento innecesario de la burocracia municipal. Se espera que en los próximos días se definan los plazos para la elaboración de las leyes secundarias derivadas de esta reforma constitucional.
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