Por Redacción
Tultitlán, Estado De México (Afuera De La Planta De Tornel), 18 de marzo de 2026.- Un violento ataque armado contra trabajadores en huelga de la empresa Tornel dejó a tres personas baleadas en las primeras horas de este miércoles. El hecho ocurrió a las 04:00 horas en la Avenida López Portillo, afuera de la planta de la armadora, donde sujetos desconocidos dispararon contra los manifestantes. Dos de los presuntos agresores fueron detenidos por los propios trabajadores, en un incidente que el líder sindical calificó como un intento de homicidio y que amenaza con profundizar el conflicto laboral que pone en riesgo 61,000 puestos de trabajo y una inversión de 900 millones de dólares.
El secretario general del sindicato, Gerardo Alberto Meneses Ávila, condenó la agresión, señalándola como un acto sorprendente y un intento de homicidio. Por su parte, el abogado laboralista Tomás Natividad advirtió sobre inconsistencias en los tribunales laborales que han limitado el debido proceso en este conflicto, el cual se mantiene desde principios de marzo.
Los trabajadores denuncian violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y a cláusulas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Además, existen señalamientos de irregularidades administrativas en los tribunales laborales, así como grabaciones que sugieren la obtención de acreditaciones sindicales fuera de la normativa, lo que ha complicado la resolución del paro.
El ataque armado representa una escalada peligrosa en un conflicto que trasciende lo laboral, con implicaciones económicas de gran calado para la región y la industria automotriz nacional. De los 61,000 empleos en riesgo, 13,000 son puestos directos y 48,000 indirectos, dependientes de la cadena de suministro de Tornel.
Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables intelectuales y determinar el estado de salud de los trabajadores heridos. El incidente ocurre en un contexto de alta tensión donde los trabajadores exigen el respeto a sus derechos contractuales y la intervención de instancias federales para garantizar su seguridad.
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